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lunes, 7 de diciembre de 2009

Asesinato de activista de derechos humanos en Barquisimeto revela la sistemática política de Estado contra la disidencia y las clases populares

Periódico El Libertario

Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos en el pecho. La víctima es productor audiovisual y trabaja en el programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus señalamientos: “Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los venezolanos con la inseguridad que hay en el país”, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea, la policía del estado Lara es el segundo cuerpo policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes. En vez de realizar una investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.